El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un informe de anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que a los procuradores se les atribuye nuevas funciones sobre todo en materia de notificaciones, en las que tendrán la condición de agentes de la autoridad. Podrán realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes y se incrementan sus funciones en los procesos de ejecución, también podrán ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados. Se les confiere la condición de agentes de la autoridad, condición que no tenemos ni los Funcionarios de Justicia, dándoles unas potestades que no tenemos funcionarios, y colocándoles muy por encima en materia de garantías, siendo dudosa la legalidad de que profesionales privados puedan asumir esas funciones cuando alguna parte lo asuma. Desde SINDICATO DE JUSTICIA DE FSP-UGT nos oponemos rotundamente a esta nueva reforma del Ministro Gallardón, que supone un nuevo intento de privatizar la Administración de Justicia. El Sr. Ministro, parece decidido a terminar con este servicio público a favor de los sectores privados, no sabemos con qué finalidad. Entendemos además, que con esta nueva reforma del Gobierno es claramente contraria a la Constitución Española por vulnerar el principio de igualdad consagrado en el artículo 14, deja la ejecución en manos de una de las partes en el proceso, la más fuerte, los bancos, mientras que en la otra, la más débil, el ciudadano le coloca en una situación de indefensión, y ello a pesar de que el artículo 117.3 de la misma establece de forma nítida que en el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. No podemos consentir que este Gobierno vuelva a diferenciar entre una justicia para ricos y otra para pobres.
